"La causa Napalpí es una herramienta de transformación cultural", afirmó Julio García

El abogado especializado en temática indigenista Julio García,habló sobre el extenso proceso judicial que atravesó la causa de la Masacre de Napalpí, un caso emblemático en la búsqueda de justicia y reparación para los pueblos originarios.  

En La cabeza y el sombrero, de Radio Independencia 106.9, García recordó que el caso comenzó a adquirir relevancia jurídica en 2004, cuando las primeras asociaciones civiles indígenas lograron introducir la demanda en el sistema judicial argentino. Sin embargo, explicó que durante décadas la masacre fue invisibilizada y presentada como un "enfrentamiento" entre pueblos indígenas, lo que impidió reconocer su verdadera naturaleza como un etnocidio dirigido a los pueblos Moqoit, Wichí, Qom, Vilela y a trabajadores rurales.  

En 2019, la jueza federal Zunilda Niremperger dictó una sentencia histórica que, aunque reconoció los hechos, no avanzó en la reparación económica ni en la justicia plena para las comunidades. Esta sentencia fue apelada y, finalmente, en 2023, la Corte Suprema de Justicia desestimó las demandas bajo argumentos de prescripción y falta de legitimación de las asociaciones civiles, una decisión que García calificó como "una violación al debido proceso y a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por Argentina".  

Pese a los reveses, García destacó avances significativos logrados en el proceso, como la visibilización de la masacre en la currícula escolar chaqueña desde 2007, la reforma del Código Civil que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad también en el ámbito civil y la multiplicación de materiales culturales y educativos sobre el hecho. "La causa Napalpí no solo es un juicio, sino también una herramienta de transformación cultural y social que ha cuestionado la versión oficial de la historia chaqueña", señaló.  

En noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado argentino sobre la denuncia presentada en mayo por las comunidades indígenas, iniciando un proceso de evaluación. García expresó su expectativa de que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde "el Estado ya no podrá ignorar sus obligaciones".  

El abogado también resaltó el impacto de la causa en el reconocimiento de otras masacres indígenas, como la de El Zapallar, incluida recientemente en la currícula educativa provincial. Sin embargo, enfatizó que aún queda mucho por hacer para lograr una reparación integral y para garantizar que las voces de los pueblos originarios tengan un lugar central en los debates históricos y jurídicos.  

"La constancia y la perseverancia darán frutos", concluyó García, reafirmando su compromiso de seguir acompañando a las comunidades en esta larga lucha por la memoria, la verdad y la justicia. 






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