Ariela Álvarez: "no podemos utilizar casos excepcionales para vulnerar derechos"
En diálogo con La cabeza y el sombrero de Radio Independencia 106.9, la licenciada Ariela Álvarez, integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco, expresó su preocupación por el uso de un caso aislado como excusa para limitar derechos consagrados en la Ley de Identidad de Género. La discusión surge luego de que el presidente de la Nación, Javier MIlei, anunciara su intención de restringir la aplicación de esta normativa en contextos de encierro, tras un supuesto caso de abuso en un penal.
Álvarez calificó la medida como "un retroceso que carece de sustento legal y estadístico", argumentando que este tipo de casos no son representativos ni justifican una modificación de derechos fundamentales. "Todos los días ocurren accidentes de tránsito y a nadie se le ocurre prohibir que la gente maneje", comparó, enfatizando que la prevención debe abordarse desde una perspectiva de derechos y no a través de la restricción.
La especialista destacó que la Ley de Identidad de Género, consagrada como parte del marco constitucional argentino, obliga al cumplimiento por parte de todos los niveles del Estado. "No estamos hablando de valores personales, sino de una ley que debe ser respetada", señaló. Asimismo, criticó que se utilice un discurso que apela a la biología para invalidar identidades trans, como ocurrió en declaraciones recientes del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich.
Álvarez valoró el trabajo del Servicio Penitenciario Provincial, que comenzó a implementar medidas respetuosas de los derechos humanos en este ámbito. Sin embargo, advirtió que aún queda mucho por hacer para garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de libertad, especialmente las trans, quienes representan un porcentaje mínimo de la población penitenciaria del Chaco.
La integrante del Comité Provincial subrayó la necesidad de discutir políticas públicas que aborden las condiciones estructurales del sistema penitenciario. "Las personas privadas de libertad no deben estar en ambientes que alimenten el odio y el resentimiento. Necesitamos instituciones que trabajen en la reinserción social y en garantizar una vida digna durante el cumplimiento de sus penas", sostuvo.
Finalmente, Álvarez enfatizó la importancia de evitar generalizaciones y de trabajar desde el Estado para erradicar la naturalización de situaciones de abuso en los contextos de encierro. "No podemos utilizar casos excepcionales para vulnerar derechos; tenemos que construir políticas públicas con datos, conocimiento y, sobre todo, con respeto por la dignidad humana", concluyó.
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